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A principios de este enero, trascendió que el padre del menor arrollado por una carroza en la Cabalgata de Reyes de 2013 reclamó al Ayuntamiento de Málaga una indemnización de 312.100 euros por la muerte del niño y de su madre -acaecida unos meses después por una cardiopatía-. Una solicitud presentada en base a la responsabilidad patrimonial de la Administración al considerar que el Consistorio, como organizador del evento, no adoptó las medidas de seguridad necesaria. No es el único caso, ya que anualmente los grandes ayuntamientos son objetos de demandas administrativas presentadas por los ciudadanos derivadas de daños provocados por la negligencia de la acción municipal.

Los datos recabados por este periódico entre los dieciséis municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia (Alhaurín el Grande; Alhaurín de la Torre; Antequera; Benalmádena; Cártama; Coín; Estepona; Fuengirola; Málaga; Marbella; Mijas; Nerja; Rincón de la Victoria; Ronda; Torremolinos y Vélez-Málaga) revelan que en 2013 estos ayuntamientos tramitaron unos 1.175 expedientes administrativos, la mayoría por hechos sucedidos en ese año y otros de años anteriores y cuya tramitación se prolongó en el tiempo. Por este concepto de responsabilidad patrimonial de la administración, estas ciudades desembolsaron unos 345.000 euros bien a través de los seguros privados contratados o con cargo al presupuesto municipal.

‘Efecto llamada’

No todos los expedientes que se abren concluyen dando la razón al ciudadano, sin embargo, no hay una cifra concreta ya que las propias administraciones son reacias a facilitar los datos para evitar lo que, según algunas fuentes consultadas, denominaron ‘efecto llamada’, es decir, que el conocimiento de esta vía lleve a un aumento de las reclamaciones. Asimismo, una parte de las mismas, una vez concluido el trámite administrativo, derivan a la vía judicial porque el demandante no está satisfechos con la resolución. Uno de los casos más llamativos fue el de los 18 propietarios de los edificios Ipanema de Torre del Mar a los que el TSJA les dio la razón, obligando al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a indemnizarlos a cada uno con 156.000 euros por los excesos de ruidos de El Copo.

Con la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de la Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha descendido el número de reclamaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa (por el pago de las tasas y el riesgo de asumir las cosas en caso de desestimación), según fuentes consultadas.

Precisamente el ruido es una de las causas que provocan más reclamaciones ciudadanas. Junto a ellas, están las caídas por un mal acerado (baldosas rotas, zanjas mal señalizadas,…), accidentes por pavimento irregular o daños provocados por vehículos de servicios públicos.

De los datos recabados referentes al pasado año, el mayor número de reclamaciones se presentó en la capital (436), un Ayuntamiento que tuvo que desembolsar 133.182 euros para hacer frente a estas reclamaciones. Le siguió Marbella con 221 expedientes, aunque sólo tuvo que pagar 27.000 euros. En el lado opuesto, entre los grandes consistorios el menor número de expedientes tuvo lugar en Ronda, con solo siete, y Vélez-Málaga, con diez. Mientras que el municipio que menos pagó el pasado año fue Nerja, con 178 euros.