LA ASOCIACION EL DEFENSOR DEL PACIENTE Y OTRAS CUARENTA ASOCIACIONES DENUNCIAN LOS PLANES DEL MINISTERIO DE SANIDAD DE SACAR ADELANTE UN BAREMO DE DAÑOS SANITARIOS QUE DISCRIMINA GRAVEMENTE A QUIENES LOS SUFREN EN DETRIMENTO DE LOS ACCIDENTADOS DE TRAFICO Y OTROS
Son múltiples los motivos por los que estas asociaciones están denunciando a los grupos políticos y a la sociedad lo que se pretende perpetrar por el Ministerio de Sanidad, con Dolors Montserrat al frente, para beneficio del sector asegurador. En concreto uno no menor tiene que ver con la intención de “restar” de la indemnización por el daño el estado de salud previo del afectado, porque sería absolutamente inaceptable la idea de reducir las indemnizaciones en el futuro baremo de Derecho Sanitario en atención a que el de tráfico está pensado para personas sanas que sufren un accidente, mientras que el de Derecho Sanitario está dirigido a enfermos, personas que tienen con carácter previo una patología.
Es preciso llamar la atención sobre esta falsa premisa, sencillamente porque los vehículos no discriminan entre personas sanas o con patologías; también son atropelladas personas enfermas y acuden al médico personas sanas. Imaginemos en cuántas ocasiones hemos sido sometidos a pruebas diagnósticas que han demostrado, precisamente, nuestro buen estado de salud, por no hablar de los accidentes en el ámbito hospitalario, la gestación, vacunación, campañas de diagnóstico precoz del cáncer, cirugía plástica o estética, contagio de infecciones, entre otras muchas, en las que no se trata a pacientes enfermos. Precisamente por esta razón, la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y no de autonomía del enfermo, al igual que la totalidad de las normas autonómicas y europeas que han decidido regular este ámbito.
A nadie se le ocurriría reducir la indemnización por el fallecimiento de un paciente oncológico en un accidente de tráfico por el padecimiento de su enfermedad. Todos advertimos que sería DISCRIMINATORIO. Sabemos que ha fallecido antes de tiempo e indemnizamos a sus familiares por ese hecho. En realidad, ante los fallecimientos, lo que se indemniza es el hecho de sufrirlo antes de tiempo porque, bien pensado, terminaremos falleciendo todos por una u otra razón. Muchas veces la actuación médica causa una nueva enfermad que no sufría el paciente, igual que ocurre en los accidentes de tráfico. Pensemos en el contagio de VIH, hepatitis, infecciones (hongos, virus o bacterias), la quemadura con un bisturí y así un largo etc. Todas ellas situaciones que determinan lesiones o fallecimientos en pacientes previamente sanos.
Por lo tanto, son muchas y muy justificadas las razones que imponen rechazar la propuesta de hablar de enfermos como regla general con la intención de tener en cuenta el estado previo para reducir la indemnización.
Detraer de la valoración del estado final la situación clínica previa sería DISCRIMINATORIO Y PELIGROSO PUES PUEDE RESULTAR QUE SUPONGA TODO LO CONTRARIO. Bien pensado, el que menos tiene es el que más tiene que perder: imaginemos un paciente con ojo único, riñón único, brazo único, pierna única, o testículo único. Rápidamente advertimos que quien pierde el ojo único sufre un daño mayor que el que pierde uno de los dos ojos. Son muchos los supuestos; también estaremos de acuerdo que una persona con patología previa ocular y agudeza visual del 20%, ante la pérdida de dicho porcentaje quedaría ciega, mientras que un paciente que parte sin patología y perdiera un 20% todavía disfrutaría de un 80%, que quizá elevaría a un 100% con corrección, lo que no podría conseguir aquel que quedó ciego irreversiblemente.
Si se pretende por el Ministerio reducir las indemnizaciones con cargo al estado previo del paciente tendríamos que aplicarlo hasta llegar a conclusiones absolutamente discriminatorias, como indemnizar por la pérdida de una pierna de forma más alta a un paciente que presentara un estado de forma excelente y corriera más que otro. Pero todos sabemos que sería insensato.
Ante esta amenaza las asociaciones denunciantes solicitan que la sociedad y la oposición política se impliquen, porque cualquiera de nosotros o nuestros seres queridos puede ser mañana un afectado al que se le aplique este baremo discriminatorio.
